Kim Jong-Un

 

(Fuente: BBC)

Andrés Gaitán Rodríguez[1]

 

A partir de 1985, Corea del Norte no sólo entró en el club de los Estados nucleares, sino que a partir de este posicionamiento, asumió una política exterior oscilante entre el dialogo y receptividad, y una beligerancia frente al ordenamiento internacional, pues por más que firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), paralelamente estuvo latente el deseo de emplear la energía nuclear con fines militares, además de negociar la adquisición de ojivas ya fabricadas en otros países como Pakistán. Desde entonces y hasta 1994, cuando finalizó el mandato de Kim Il-Sung (primer integrante de la dinastía Kim en gobernar Corea del Norte) la amenaza constante de convertir a Corea del Norte en un actor con armamento nuclear le dio capacidades a Il-Sung para demandar a los Estados Unidos y las Naciones Unidas (ONU) asistencia internacional representada en millones de dólares, alimentos y energía.

 

Kim Jong-Il (segundo de la dinastía) llevó la intimidación nuclear a otro nivel, a una forma de poder “duro” al asumir una postura más hostil que la de su padre, y enviar un discurso de disuasión a la comunidad internacional. Esto se constató, con el retiro de Corea del Norte del TNP (2003), declarar la posesión efectiva de artefactos de destrucción masiva (2003), llevar a cabo el primer lanzamiento exitoso de misiles de largo alcance (2003), y efectuar diversas pruebas subterráneas para ensayar el funcionamiento y desempeño de dispositivos de fabricación nacional (2006).

Kim Jong-un

(Fuente: BBC)

Yessica Paola Serrano Serrano[1] 

Desde el 5 de agosto del 2017, se han presentado distintos inconvenientes entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, luego de que Estados Unidos lograra que se aprobaran un conjunto de sanciones en la ONU para Corea del Norte, lo anterior con ayuda de China, histórico aliado del régimen de Kim Jong-Un. Estas sanciones lograrían que un país con tan pocos socios económicos pierda aproximadamente 1.000 millones de ingresos por exportaciones (Mars, 2017)

Producto de estas sanciones, la Agencia Oficial de Corea del Norte (KCNA) emitió un comunicado en el cual aclaraba que si Washington continuaba con las presiones políticas y económicas, se tomarían acciones bélicas con misiles tipo Hwasong-12 que podrían ser lanzados cerca de la isla Guam donde se encuentran dos bases militares estadounidenses y llegarían en un tiempo aproximado de 18 minutos (El País, 2017).

 

(Fuente: Agencia de Información Paraguaya)

 

Néstor Maldonado Gómez[1]

 

Los procesos de integración fronteriza han sido un punto de referencia en la política internacional y de gran relevancia en la evolución del derecho. Así pues, las experiencias en Europa, Asia y América han contado con matices y diferencias a partir de los derroteros de su conformación. Por tal motivo, se presenta el interrogante sobre el papel del derecho, que como ciencia que regula la conducta humana, ha permitido la conformación de las relaciones desde las fronteras, advirtiendo a su vez, derechos y obligaciones para los estados, con un reflejo e impacto claros en las poblaciones.

Por ende, en el marco de la integración fronteriza, se entiende por desarrollo el proceso de incorporación de las fronteras al patrimonio de cada país, con base en su política nacional pero coordinada con la política de los otros países, con el fin de generar un impacto real sobre las poblaciones que comparten el territorio, sus problemas y potencialidades (Oliveros, 2002). En esa medida, existe un campo normativo que ha respondido a las necesidades discutidas para las fronteras de los países.

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(Fuente: iecah.org)

Daniel Arturo Palma Álvarez[1]

El pasado 3 de junio, el mundo veía con horror las noticias sobre el ataque perpetrado por musulmanes radicales, quienes antes de morir, atropellaron y acuchillaron a ocho habitantes de la ciudad de Londres (BBC, 2017). Este acto se suma al hecho ocurrido en Manchester días antes, donde se inmoló otro presunto militante del Estado Islámico y a la sucesión de acontecimientos trágicos en Francia entre 2016 y 2017. Frente a esto, los estados involucrados reaccionaron fortaleciendo la presencia policial, militarizando las calles y dando la orden de “disparar a matar” si hay sospecha de terrorismo, medida que ya se había adoptado en 2005 (BBC MUNDO, 2005).

En esta misma línea de acción, la Primera Ministra de Gran Bretaña Theresa May, ha sugerido que se debe restringir el libre movimiento de sospechosos de terrorismo al interior del país y de aquellos que intentan entrar. Se trata pues de retornar a las medidas creadas en 2004, abolidas en 2011, en las que se permitía arrestar a aquellas personas de las que se tuvieran indicios fehacientes e, incluso, incomunicarlos de ser necesario. Adicionalmente y de manera enérgica sostuvo que “[…] si nuestras leyes de derechos humanos se interpone en [esa tarea] cambiaremos la ley para hacerlo”[2] (Casciani, 2017).

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(Fuente: Semana)

Luis Alfredo Rodríguez Valero[1]

El presente texto es una continuación del análisis crítico del fenómeno de los cultivos ilícitos y de las medidas acordadas (y en ejecución) que se derivan del Acuerdo FARC – Gobierno. En su momento la política pública producto del acuerdo fue considerada maniquea por quien suscribe estas líneas, y se invitó a una revisión del concepto de territorialidad en el diseño de las políticas públicas de CONPES anteriores.

Estos instrumentos de política pública habían desarrollado esta idea, la cual comparte y se relaciona con avances teóricos como el concepto de vigilancia desarrollada por Ostrom en algunos de sus principales trabajos que describen la estructura de situación e institucionalidad que sirven como incentivos para la toma de decisiones por parte de las personas.

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