(Fuente: Semana)
Alejandra Luna Vargas[1]
La Organización de Naciones Unidas dio vía libre por unanimidad de los quince miembros del Consejo de Seguridad a la solicitud hecha por el Gobierno colombiano y las FARC-EP para la creación de una segunda misión política para apoyar el proceso de paz en Colombia, cuyo objetivo principal será verificar la reintegración política, social y económica, así como, la puesta en marcha de las garantías de seguridad de los excombatientes (El país, 2017).
Se espera que su radio de acción geográfico se amplíe haciendo presencia en las regiones que han dejado las FARC y que presentan amenazas entre las cuales están: presencia de miembros del ELN, presencia de bandas criminales, aumento de la delincuencia común, expresiones de disidencias de las FARC (El espectador, 2017). Según esto, el panorama establece grandes retos para lo que sigue en el proceso de implementación de los acuerdos y pone en jaque la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir con lo pactado en La Habana.
De acuerdo con lo anterior, sería necesario recordar que históricamente el Estado colombiano no ha sabido mantener el control total del territorio y nunca ha detentado el monopolio de la violencia legítima. Desde los tiempos de la colonia española, siempre han existido territorios fuera del control del gobierno y territorios donde el Estado ha preferido delegar el control en los poderes locales (Gonzalez & Otero Bahamon, 2006). Es precisamente esta característica latente en las administraciones la que representa un riesgo para los puntos mencionados anteriormente que pertenecen al acuerdo y que en ocasiones se derivan de obligaciones gubernamentales contempladas en la misma Constitución Política.
Los retos en temas de implementación manifiestan una preocupación por la posibilidad que se desencadenen nuevas causas del conflicto que sigan justificando el accionar de los grupos al margen de la ley. A pesar de la voluntad de Rodrigo Londoño como líder de las FARC de conducir en conjunto a los excombatientes a un abandono del camino de la política con las armas, lo cierto es que es muy probable que de no darse cumplimiento a lo acordado, se abran espacios para el surgimiento de actores nuevos que perpetúen el conflicto por las mismas causas tomando como ventaja los lugares que antes eran dominio de las FARC.
Uno de los fines del acuerdo es demostrar que Colombia se encuentra dispuesta a realizar las transformaciones que sean necesarias para que el país sea un escenario que adopte nuevas perspectivas políticas y así aportarle a la reconstrucción del Estado y una mejor gobernabilidad. No obstante, para llegar a ese fin último, es necesario que haya cumplimiento en la implementación de muchos otros aspectos como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y un desarrollo de los principios orientadores de respeto, protección y promoción de los derechos humanos y así evitar una repetición de lo ocurrido con la Unión Patriótica en la década de los 80s y 90s. Esto va a permitir que paulatinamente se superen las dificultades a nivel político, social y económico que permitan el desarrollo de una nueva nación.
El tema de reintegración y seguridad de los excombatientes se convierte en un punto clave dentro de las obligaciones gubernamentales para dar cumplimiento a las garantías de no repetición en su dimensión preventiva, puesto que es la vía para consolidar a corto plazo los logros alcanzados en materia de seguridad y, en el largo, estimular el desarrollo socioeconómico sostenible de un país. Para esto es necesario ejecutar medidas que permitan la inserción y permanencia a la vida legal de la población desmovilizada y que no se convierta en una disidencia que represente un nuevo problema o un problema mayor para el Estado en diferentes aspectos (CONPES 3554, 2008).
También es importante velar no solo por la seguridad de los excombatientes sino de los diferentes líderes sociales y defensores de derechos humanos para que estos se involucren a la vez de manera activa en la reintegración de los excombatientes en la sociedad. Por lo tanto, la segunda misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU abre una puerta para el monitoreo de las personas y adicionalmente, una manera de facilitar al gobierno la presencia en todo el territorio.
Sin embargo, esta misión política que se solicitó no obtendrá un resultado óptimo sin el correcto acompañamiento estatal que busque un avance en educación de la sociedad y se capacite a la población para que utilice los mecanismos de participación y veeduría de los planes y proyectos para el posconflicto.
Adicionalmente, es necesario un avance en infraestructura que por un lado permita el eficiente y eficaz acceso a las diferentes zonas geográficas del país azotados por la violencia y por otro lado, una buena prestación de servicios y una adecuada protección de la sociedad civil con el fin del evitar nuevas disidencias o la creación de nuevos grupos que atenten contra la seguridad del país.
En conclusión, a pesar de los intentos del gobierno nacional y las FARC por manifestar públicamente el compromiso con los acuerdos y su implementación, lo cierto es que la presencia de Naciones Unidas no resolverá los problemas de seguridad y las falencias de la presencia de las instituciones estatales que han estado latentes durante toda la historia colombiana, sin un verdadero trabajo en conjunto de toda la sociedad y el Estado.
[1] Estudiante de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Santo Tomás. Pasante del Observatorio en Seguridad y Políticas Públicas para el Postconflicto - OSEPP
Referencias:
Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. (2008)."Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales "(Conpes 3554, 2008). Bogotá D.C.
El País. (2017). El país. ONU aprueba una segunda misión para verificar el proceso de paz en Colombia. Recuperado de: http://www.elpais.com.co/colombia/onu-aprueba-una-segunda-mision-para-verificar-el-proceso-de-paz-en.html
El Espectador. (2017). Reintegración y seguridad, los retos de una segunda misión de la ONU en Colombia. Recuperado de: http://colombia2020.elespectador.com/politica/reintegracion-y-seguridad-los-retos-de-una-segunda-mision-de-la-onu-en-colombia
Gonzalez,F. & Otero Bahamon, S. (2006). La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Instituto de investigación y debate sobre la gobernanza. Recuperado de: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html
Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá D.C.