(Fuente: Semana)
Luis Alfredo Rodríguez Valero[1]
El presente texto es una continuación del análisis crítico del fenómeno de los cultivos ilícitos y de las medidas acordadas (y en ejecución) que se derivan del Acuerdo FARC – Gobierno. En su momento la política pública producto del acuerdo fue considerada maniquea por quien suscribe estas líneas, y se invitó a una revisión del concepto de territorialidad en el diseño de las políticas públicas de CONPES anteriores.
Estos instrumentos de política pública habían desarrollado esta idea, la cual comparte y se relaciona con avances teóricos como el concepto de vigilancia desarrollada por Ostrom en algunos de sus principales trabajos que describen la estructura de situación e institucionalidad que sirven como incentivos para la toma de decisiones por parte de las personas.
Servirá entonces este espacio para ampliar más estas ideas, comparar los modelos de política pública y generar unas recomendaciones sobre el estado actual de la situación.
Y es que el fenómeno de los cultivos ilícitos continúa generando efectos en diversas áreas relacionadas con el gobierno y las relaciones internacionales como: la captura del Estado por parte de actores criminales; la violencia; o los desequilibrios económicos o incumplimiento de acuerdos internacionales. Este último punto es crítico por la necesidad del Estado Colombiano de mostrar avances y resultados al principal donante de ayuda internacional, los Estados Unidos de Norteamérica.
En correspondencia con lo anterior y para agravar más el panorama para Colombia, el último informe del Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI-UNODOC 2017 (con base en información recolectada en 2016) confirma las cifras del Departamento de Estado de los EEUU, señalando un aumento de las hectáreas con cultivos ilícitos a 146,000, y señalándose nuevamente la generación de incentivos negativos por las “expectativas generadas por el acuerdo de paz”.
Entrando a nuestro tema central, el factor de territorialidad fue descrito en el CONPES 3218 de 2003, Sobre Desarrollo Alternativo, de la siguiente manera:
La comunidad juega un papel preponderante: lidera el proceso, asume la responsabilidad de organizar y cohesionar las familias y es garante de compromisos adquiridos. Es solo a través de la comunidad como la familia puede acceder al Componente. Esto tiene por objeto fortalecer el tejido social y propiciar procesos de autorregulación y participación en las políticas económicas, sociales y culturales a nivel nacional, regional y local (p. 11)
Con base en este presupuesto se desarrolló la política de los “Cero ilícitos”, la cual consistió en exigir como requisito, para recibir los beneficios de los programas de desarrollo alternativo, la certificación de erradicación previa de toda la comunidad territorial.
Lo anterior guarda similitud y relación con el concepto de vigilancia desarrollado por Ostrom, en el cual:
Vigilar las acciones de los demás e imponerles sanciones tiene costos para los supervisores, por lo que quienes tienen asignada esta tarea carecerán de motivación para desempeñarla al menos que … 1) el vigilante o sancionador se enfrente a la posibilidad de ser sancionado a su vez por no haber vigilado o sancionado; 2) la presión social para vigilar o sancionar sea grande y presione al vigilante y al sancionador; (p. 188).
Contrario a estas ideas de avanzada, la política pública actual de los acuerdos, basada en concepciones maniqueas señala que: Punto del acuerdo 4.1.3.6 “La manifestación voluntaria de renuncia a los cultivos ilícitos y la permanencia en dicha actividad podrá darse de manera individual o en el marco de acuerdos o pactos de sustitución voluntaria con las comunidades”.
Como vemos se rompe un diseño de política pública que con debilidades y fortalezas, estaba basado en desarrollos teóricos importantes y con fuertes sustento empírico, siendo remplazado por presupuesto con escaso sustento empírico y con la simple esperanza que esta vez sí se logrará mejorar las cifras en disminución de cultivos, sin tomar en cuenta que modelos como el propuesto por el punto 4.1.3.6 del acuerdo ya ha sido desarrollado previamente en Colombia y en otros Estados con más fracasos que éxitos.
Y es que el modelo productos de los acuerdos no sea aleja de las experiencias fracasadas en Colombia de finales de los 80`, comienzo de los 90`, del siglo pasado, y de la propia fase 1 del Plan Colombia. Estos planes de desarrollo alternativo recibieron en su momento diversas críticas y evaluaciones por su diseño e implementación, por estar concentrado en un enfoque de gobernabilidad que sólo reconocía actores Estatales y con poco o escaso diálogo con las comunidades, por una visión cerrada de gobernabilidad, la cual supuso que con capacidad institucional, los funcionarios adecuados, cuantiosos recursos económicos, buenas intenciones y voluntad se podría mejorar la situación. Contrario a lo anterior, la experiencia demostró que la política pública debe estar guiada por modelos de gobernanza con una alta participación de las comunidades, pero una participación entendida desde las realidades contextuales e incentivos adecuados, no desde posiciones maniqueas que confían en estereotipos frente a los actores involucrados en esta actividad económica ilícita.
[1] Profesor de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Cursos impartidos: Diseños Investigativos; Sistemas Electorales, partidos y movimientos políticos; Gestión, Democracia y Desarrollo. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
REFERENCIAS.
- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional., y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. (2007) Sembramos y ahora recogemos: somos familias guardabosques. Bogotá: Acción Social y UNODC.
- Departamento Nacional de Planeación. (2003) Documento CONPES 3218 Programa de Desarrollo Alternativo. Bogotá: DNP.
- Departamento Nacional de Planeación. (2010) Documento CONPES 3669 Política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo para la consolidación territorial. Bogotá: DNP.
- Ostrom, E. (2015) Comprender la diversidad institucional. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Redacción Política. (2016) Aumento de cultivos ilícitos obedecen a suspensión de glifosato y revaluación del dólar. En El Espectador, 10 de marzo de 2016. En línea: http://www.elespectador.com/noticias/politica/aumento-de-cultivos-ilicitos-obedece-suspension-de-glif-articulo-621328
- UNODC/SIMCI y Gobierno de Colombia (2011) Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2010. Bogotá: UNODC Colombia.
- UNODC/SIMCI y Gobierno de Colombia (2016) Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Bogotá: UNODC Colombia.
- UNODC/SIMCI y Gobierno de Colombia (2017) Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Bogotá: UNODC Colombia.