Por: Dulfary Calderón Sánchez[1]

 

[1] Profesora titular de la asignatura de Gobernabilidad y políticas públicas, Líder línea de investigación y coordinadora del Observatorio de Seguridad y Políticas Públicas para el posconflicto de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Politóloga de la Universidad Nacional, Magister en Gestión y política pública de la Universidad de Chile. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

 

Pese a que ya se han cumplido 2 años de la firma del acuerdo de La Habana donde se determinaron seis puntos claves para el acuerdo final que ponía punto al conflicto armado que llevaba el país con el grupo guerrillero de las FARC -EP, aún existen percepciones y escepticismo frente a la implementación de éste en el país.

Bajo este contexto es claro que el proceso de implementación “comienza la identificación de factores tales como la complejidad de la política, el tamaño de la organización implementadora y el compromiso existente entre ellas” (McLaughin,1987: 172), siendo asi un juego donde participan una serie de actores dentro del desarrollo de las actividades a realizar.

En esta medida, como lo menciona Conform (1981)  se espera que dentro del proceso de la implementación los problemas deban estar resueltos a través de una relación entre las metas y los medios, lo cual no siempre significa que quienes implementan tengan claro cual es la meta y qué medios deben ser utilizados para lograr cumplir con lo pactado en La Habana. Si bien, los dilemas de la implementacion de políticas y programas han sido objeto de estudio en las dos generaciones que se han dado respecto al tema, es claro que aun está presente el llamado eslabon perdido entre el diseño y la acción.  Leer más...

Andrés Camilo García Higuera

Estudiante de décimo semestre, facultad de Sociología en la Universidad Santo Tomás, Practicante del OSEPP. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

 

 Fuente: Indepaz  Get the data  Created with Datawrapper

Uno de los temas que más ha resonado en lo que lleva este 2018 es tal vez la persecución sistemática de líderes sociales y comunitarios a lo largo de todo el país. Esto se demuestra no solo en los ya bastantes artículos noticiosos que tocan el tema sino también por la preocupación colectiva que estos hechos han suscitado. Tanto de la academia como otros sectores sociales han manifestado su indignación y rechazo al asesinato descarado de la protesta social. Aunque estos hechos no son exclusivos de este año, si es posible evidenciar un aumento considerable, en agosto se encontraron más de cuatrocientas personas o bien desaparecidas o muertas y todos se acoplaban al perfil de líder social.  Leer más...

 

 

(Fuente: La Vanguardia)

Cristhian Fernando Sánchez Giraldo[1]

 

[1] Profesor titular de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomas. Candidato a  Ph.D en Ciencia Politica de la Universidad Complutense de Madrid. Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

El pasado 30 de mayo de 2018, Colombia fue protagonista en Paris de la histórica firma de la adhesión oficial a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más conocida internacionalmente como el club “de las buenas prácticas”  conformada por los 36 países con el mayor nivel de desarrollo económico del mundo.  Su principal objetivo es promover y construir políticas económicas y sociales sostenibles entre los estados miembros (países industrializados y en desarrollo), así  como propiciar acuerdos comunes en comercio internacional,  gobierno corporativo y cooperación transfronteriza, todo ello en el marco del libre mercado.

Pero ¿qué significa realmente para Colombia estar en este selecto Club? ¿Mejoraran con ello los indicadores estructurales de pobreza, desigualdad e inequidad existentes por décadas en el país? O ¿es solo una maniobra político/económica que garantiza en la teoría, reconocimiento internacional y confianza para la inversión extranjera.

 

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Fuente: EuropaPress

Ana María Ávila Caballero[1]

 

Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo en el cual todavía se encuentra aprobado el porte de armas para particulares; es imperante tener en cuenta que este derecho se encuentra inmerso en la segunda enmienda de la Constitución Nacional  “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. (Constitution Facts, 1791). 

Sin embargo el porte de armas en la actualidad ha generado controversia entre la población norteamericana, toda vez que en lo transcurrido del 01 de enero al 02 de septiembre de este año han ocurrido 39,042 incidentes, dejando un total de 9, 787 muertos a la fecha (GVA[1], 2018).  Lo cual refleja que la población puede ser víctima de un incidente o accidente con arma de fuego en cualquier momento, pero a pesar de este riesgo, la respuesta por parte de los grupos de presión que  apoyan el porte como la NRA[2] es apelar a la segunda enmienda para proteger este derecho como una defensa.

 

[1] Gun Violence Archive (GVA) es una corporación sin fines de lucro formada en 2013 para proporcionar acceso público sobre la violencia relacionada con las armas en los Estados Unidos.

[2] NRA: National Rifle Association

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  • [1] Profesora de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Profesor de Métodos y Enfoques de las Ciencias Sociales, y Negociación y Diplomacia.

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(Fuente: vencealcorrupto.com)

 

 

Luis Alfredo Rodríguez[1]

 

[1] Profesor de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales dela Universidad Santo Tomás. Cursos impartidos: Sistemas electorales, partidos y movimientos políticos; Gestión, democracia y desarrollo.

Actualmente la Consulta Anticorrupción promovida, entre otros, por la Senadora Claudia López sigue el tránsito normal como mecanismo de participación ciudadana para conocer la postura de la población frente a este tema.

La propuesta de consulta abarca 5 preguntas, que van desde modificación al salario de congresistas; cambios en el derecho penal a los delitos asociados con corrupción; reformas a la contratación pública; cambios al funcionamiento del Congreso; y finalmente el tema de interés de las presentes líneas, es decir la pregunta relacionada con el presupuesto y la ejecución del mismo. La pregunta de la Consulta en este tema es la siguiente:

PREGUNTA 4. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

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