Por: Dulfary Calderón Sánchez[1]
[1] Profesora titular de la asignatura de Gobernabilidad y políticas públicas, Líder línea de investigación y coordinadora del Observatorio de Seguridad y Políticas Públicas para el posconflicto de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Politóloga de la Universidad Nacional, Magister en Gestión y política pública de la Universidad de Chile. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Pese a que ya se han cumplido 2 años de la firma del acuerdo de La Habana donde se determinaron seis puntos claves para el acuerdo final que ponía punto al conflicto armado que llevaba el país con el grupo guerrillero de las FARC -EP, aún existen percepciones y escepticismo frente a la implementación de éste en el país.
Bajo este contexto es claro que el proceso de implementación “comienza la identificación de factores tales como la complejidad de la política, el tamaño de la organización implementadora y el compromiso existente entre ellas” (McLaughin,1987: 172), siendo asi un juego donde participan una serie de actores dentro del desarrollo de las actividades a realizar.
En esta medida, como lo menciona Conform (1981) se espera que dentro del proceso de la implementación los problemas deban estar resueltos a través de una relación entre las metas y los medios, lo cual no siempre significa que quienes implementan tengan claro cual es la meta y qué medios deben ser utilizados para lograr cumplir con lo pactado en La Habana. Si bien, los dilemas de la implementacion de políticas y programas han sido objeto de estudio en las dos generaciones que se han dado respecto al tema, es claro que aun está presente el llamado eslabon perdido entre el diseño y la acción. Leer más...
