(Fuente: El Tiempo)
Milena Alexandra González Piñeros[1]
Este año se ha caracterizado por el alto volumen noticioso en materia de corrupción. En la prensa nacional y regional, los titulares dan cuenta de nuevos detalles sobre las tramas que han soportado la corrupción, que de manera reciente develan las formas en que ésta ha enquistado a la justicia en nuestro país. Recientemente el caso del “cartel de la toga[2]” ha revivido el debate sobre la corrupción en la justicia. Si bien, los discursos mediáticos han orientado este problema como una situación particular y episódica señalando que este caso es aislado, la corrupción en la justicia es un fenómeno que tiene fuertes raíces y ha sido diagnóstico como uno de los sectores de riesgo de acuerdo al Índice de Transparencia Nacional.
Desde una perspectiva institucionalista, la corrupción como concepto teórico ha sido desarrollada desde diferentes perspectivas, desde la mirada de los organismos internacionales como el Banco Mundial la ha considerado como el abuso de un cargo público para beneficio privado[3]; dentro de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) colombiana se indica que la corrupción es “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”. En estas definiciones sobre la corrupción se pueden identificar 3 elementos comunes estructurales: la relación de poder o confianza, el desvío de poder y la obtención de un beneficio para alguien. Para el caso de la justicia como sector dichos elementos cobran mayor relevancia debido a su rol protagónico en administrar la ley en los casos de corrupción, así como por ser referente axiológico sobre el que se construye la sociedad colombiana.
