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(Fuente: BBC)

Yessica Paola Serrano Serrano[1] 

Desde el 5 de agosto del 2017, se han presentado distintos inconvenientes entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, luego de que Estados Unidos lograra que se aprobaran un conjunto de sanciones en la ONU para Corea del Norte, lo anterior con ayuda de China, histórico aliado del régimen de Kim Jong-Un. Estas sanciones lograrían que un país con tan pocos socios económicos pierda aproximadamente 1.000 millones de ingresos por exportaciones (Mars, 2017)

Producto de estas sanciones, la Agencia Oficial de Corea del Norte (KCNA) emitió un comunicado en el cual aclaraba que si Washington continuaba con las presiones políticas y económicas, se tomarían acciones bélicas con misiles tipo Hwasong-12 que podrían ser lanzados cerca de la isla Guam donde se encuentran dos bases militares estadounidenses y llegarían en un tiempo aproximado de 18 minutos (El País, 2017).

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(Fuente: iecah.org)

Daniel Arturo Palma Álvarez[1]

El pasado 3 de junio, el mundo veía con horror las noticias sobre el ataque perpetrado por musulmanes radicales, quienes antes de morir, atropellaron y acuchillaron a ocho habitantes de la ciudad de Londres (BBC, 2017). Este acto se suma al hecho ocurrido en Manchester días antes, donde se inmoló otro presunto militante del Estado Islámico y a la sucesión de acontecimientos trágicos en Francia entre 2016 y 2017. Frente a esto, los estados involucrados reaccionaron fortaleciendo la presencia policial, militarizando las calles y dando la orden de “disparar a matar” si hay sospecha de terrorismo, medida que ya se había adoptado en 2005 (BBC MUNDO, 2005).

En esta misma línea de acción, la Primera Ministra de Gran Bretaña Theresa May, ha sugerido que se debe restringir el libre movimiento de sospechosos de terrorismo al interior del país y de aquellos que intentan entrar. Se trata pues de retornar a las medidas creadas en 2004, abolidas en 2011, en las que se permitía arrestar a aquellas personas de las que se tuvieran indicios fehacientes e, incluso, incomunicarlos de ser necesario. Adicionalmente y de manera enérgica sostuvo que “[…] si nuestras leyes de derechos humanos se interpone en [esa tarea] cambiaremos la ley para hacerlo”[2] (Casciani, 2017).

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