(Fuente: Revista Semana, 2016)
César Augusto Niño González[1]
El pasado 27 de junio de 2017 las Farc llevaron a cabo la entrega de 7.000 armas a los observadores acreditados de las Naciones Unidas (Cosoy, 2017). La expectativa sobre el fin de uno de los capítulos del conflicto armado empieza a incrementarse. No obstante, a pesar de la entrega de las armas, en el país aparece un escenario con riesgos implícitos en la post-farcarización.
Durante cinco décadas, las Farc definieron la agenda política, de seguridad y hasta económica de Colombia (Aravena, 2013). La farcarización de la agenda omitió problemas estructurales que se escapaban de toda lógica fariana, lo que llevó a un vicio estratégico en cuanto a la definición propia de la violencia en el país. Las instituciones funcionaban a merced de dicho vicio y dejaron problemas implícitos de toda naturaleza fuera de los puntos neurálgicos de la arquitectura política. A saber, la farcarización de la agenda fue una bala de oxígeno para eludir responsabilidades y al mismo tiempo, oportunidad para involucrar irresponsablemente la definición de los asuntos del país.
