(Fuente: El Tiempo)
Milena Alexandra González Piñeros[1]
Este año se ha caracterizado por el alto volumen noticioso en materia de corrupción. En la prensa nacional y regional, los titulares dan cuenta de nuevos detalles sobre las tramas que han soportado la corrupción, que de manera reciente develan las formas en que ésta ha enquistado a la justicia en nuestro país. Recientemente el caso del “cartel de la toga[2]” ha revivido el debate sobre la corrupción en la justicia. Si bien, los discursos mediáticos han orientado este problema como una situación particular y episódica señalando que este caso es aislado, la corrupción en la justicia es un fenómeno que tiene fuertes raíces y ha sido diagnóstico como uno de los sectores de riesgo de acuerdo al Índice de Transparencia Nacional.
Desde una perspectiva institucionalista, la corrupción como concepto teórico ha sido desarrollada desde diferentes perspectivas, desde la mirada de los organismos internacionales como el Banco Mundial la ha considerado como el abuso de un cargo público para beneficio privado[3]; dentro de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) colombiana se indica que la corrupción es “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”. En estas definiciones sobre la corrupción se pueden identificar 3 elementos comunes estructurales: la relación de poder o confianza, el desvío de poder y la obtención de un beneficio para alguien. Para el caso de la justicia como sector dichos elementos cobran mayor relevancia debido a su rol protagónico en administrar la ley en los casos de corrupción, así como por ser referente axiológico sobre el que se construye la sociedad colombiana.
Para Robert Klitgaard[4] “la corrupción florece cuando alguien tiene poder de monopolio sobre un bien o servicio y tiene la discreción para decidir cuánto recibe y donde la rendición de cuentas y la transparencia son débiles” (1998: p. 33). En el caso de la justicia colombiana, los problemas sobre la discrecionalidad, el monopolio y la transparencia han sido tratados por diversas reformas judiciales[5], sin embargo las consecuencias de la corrupción de la justicia han tocado tal fondo que las medidas que se requieren para enfrentar dicha crisis implican abordar dimensiones como: la ineficiencia institucional, la discrecionalidad de los funcionarios, el monopolio sobre los servicios que prestan, a su vez dicha situación se relaciona con la expectativa sobre las ganancias que pueden obtenerse en las actividades corruptas y con la baja probabilidad de ser descubierto tanto a nivel penal como a nivel social.
La tenebrosidad de la corrupción en la justicia en Colombia, implica grandes retos institucionales y ciudadanos a través de ejercicios constantes de control social y fortalecimiento institucional. En este contexto surge el Índice de las Entidades Públicas ITEP que tiene como propósito materializar un ejercicio de control social propositivo que aporta de manera preventiva, en la lucha contra la corrupción[6]. La metodología del ITEP se centra en tres factores de evaluación: visibilidad, institucionalidad y control y sanción, donde las entidades mismas fortalezcan sus procesos y procedimientos institucionales, como solución a futuros hechos de corrupción[7]. A continuación se presentan un cuadro comparativo con los resultados nacionales del ITEP por sectores.
Fuente: elaboración propia a partir de los informes presentados por Transparencia por Colombia (2014) (2016).
En esta medición se evidencia el nivel de riesgo medio en que se encuentra el sector Justicia, por dos periodos consecutivos es uno de los sectores que se encuentra por debajo del promedio nacional y sin ascender en los resultados sobre visibilidad, institucionalidad y control y sanción. Los resultados del ITEP guardan relación con la crisis que enfrenta hoy la justicia, por un lado porque no es un fenómeno nuevo y coyuntural, sino que desde la perspectiva institucionalista requiere una comprensión integral donde se promuevan cambios eficaces en materia de transparencia y control. En ese escenario se perfila el reto para la sociedad colombiana, y en especial para ciudadanía académica: conocer en profundidad este fenómeno, diseñar y fomentar estrategias como el ITEP que impulse cambios desde la institucionalidad y desde la ciudadanía; todo ello como un aporte en contra de la corrupción en la justicia.
[1] Docente de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Santo Tomás (Sede Principal). Espacios académicos a cargo: Técnicas de Investigación e Investigación Asistida. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
[2] Este caso investiga los presuntos hechos de corrupción donde Magistrados de las Altas Cortes y funcionarios de alto nivel en la Fiscalía General de la Nación, presuntamente recibieron grandes sumas de dinero, de parte de Congresistas con investigaciones sobre paramilitarismo con el objetivo de dilatar, archivar o precluir dichas investigaciones.
[3] Mientras que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha propuesto una enunciación que engloba más elementos: “el mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco; esta conducta puede ser considerada un delito que puede estar en cabeza tanto de agentes estatales como del sector privado”.
[4] Para este autor, la corrupción puede entenderse a partir de la siguiente fórmula: C (Corrupción) = M (Monopolio) + D (Discreción) - A (Responsabilidad). Klitgaard (1998)
[5] En Colombia se ha intentado varias reformas que buscan resolver los problemas de corrupción en la justicia, como fue el caso de la propuesta de 2012 y 2015, las cuales no fueron aprobadas en la instancia legilativa.
[6] Esta iniciativa es diseñada e implementada por la Corporación Transparencia por Colombia, organización no gubernamental que desde hace 15 años ha impulsado esta medición.
[7] Para mayor información sobre la metodología se puede consultar: http://indicedetransparencia.org.co/FactoresIndicadores/Nacional
Referencias
- UNODC y PNUD, Partnering in Anti-Corruption Knowledge. Using the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) for Technical Assistance and Anti-Corruption Programming, 2013.
- UNODC, Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Modelo NRS para el Sector Infraestructura y Asociaciones Público- Privadas – APP, 2013.
- Transparencia por Colombia, Resultados Índice de Transparencia de las Entidades Públicas. 2014 Disponible en: http://www.transparen62ciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:i ndice-de-percepcion-de-corrupcion-2013&catid=94&Itemid=490. Consultado: 01/10/17
- Transparencia por Colombia, Resultados Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2016 Disponible en: http://www.transparen62ciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441:i ndice-de-percepcion-de-corrupcion-2013&catid=94&Itemid=490. Consultado: 01/10/17
- Klitgaard, R., “Political corruption: strategies for reform” Journal of Democracy, Vol. 2, No. 4, 1991
- Klitgaard, R, Controlando la corrupción, La Paz, Editorial Quipus, 1998
- Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment”,
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Anticorrupción. Nota Práctica, 2004. Disponible en http://www.undp.org/governance/docs/AC_PN_Spanish.pdf.