2017

Resultado de imagen para reintegracion FARC

(Fuente: Semana)

Alejandra Luna Vargas[1]

La Organización de Naciones Unidas dio vía libre por unanimidad de los quince miembros del Consejo de Seguridad a la solicitud hecha por el Gobierno colombiano y las FARC-EP para la creación de una segunda misión política para apoyar el proceso de paz en Colombia, cuyo objetivo principal será verificar la reintegración política, social y económica, así como, la puesta en marcha de las garantías de seguridad de los excombatientes (El país, 2017).

Se espera que su radio de acción geográfico se amplíe haciendo presencia en las regiones que han dejado las FARC y que presentan amenazas entre las cuales están: presencia de miembros del ELN, presencia de bandas criminales, aumento de la delincuencia común, expresiones de disidencias de las FARC (El espectador, 2017). Según esto, el panorama establece grandes retos para lo que sigue en el proceso de implementación de los acuerdos y pone en jaque la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir con lo pactado en La Habana.

Cyber Attack

(Fuente: Univision)

Paula Morales Ibagué

Carol Rodríguez Vargas[1]

 

El ciberataque realizado el viernes 12 de mayo, afectó en gran medida las estructuras informáticas de empresas a nivel mundial. Se expandió tanto en países de Europa, Asia y América Latina los cuales ya suman 150, a esta filtración de datos se le denominó “Wanna cry”. Las primeras denuncias que se realizaron fueron en hospitales de Reino Unido, en la empresa española Telefónica y en Rusia.

El virus informático que es de tipo “ransomware”[2], bloquea datos y demanda un pago de hasta US$600 en bitcoins antes de restaurar los archivos cifrados, tal y como lo explican los reportes de la BBC. Además de eso, se extiende por una red por sí mismo, es decir, no necesita la actividad humana para lograrlo, atacando de esta forma a las organizaciones y dejándolas en una condición de vulnerabilidad, tras rastrear todas sus máquinas e infectarlas.

(Fuente: Revista Semana, 2016)

César Augusto Niño González[1]

El pasado 27 de junio de 2017 las Farc llevaron a cabo la entrega de 7.000 armas a los observadores acreditados de las Naciones Unidas (Cosoy, 2017). La expectativa sobre el fin de uno de los capítulos del conflicto armado empieza a incrementarse. No obstante, a pesar de la entrega de las armas, en el país aparece un escenario con riesgos implícitos en la post-farcarización.

Durante cinco décadas, las Farc definieron la agenda política, de seguridad y hasta económica de Colombia (Aravena, 2013). La farcarización de la agenda omitió problemas estructurales que se escapaban de toda lógica fariana, lo que llevó a un vicio estratégico en cuanto a la definición propia de la violencia en el país. Las instituciones funcionaban a merced de dicho vicio y dejaron problemas implícitos de toda naturaleza fuera de los puntos neurálgicos de la arquitectura política. A saber, la farcarización de la agenda fue una bala de oxígeno para eludir responsabilidades y al mismo tiempo, oportunidad para involucrar irresponsablemente la definición de los asuntos del país.

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