En contraste, se presenta una tensión por parte de las compañías petroleras, puesto que los municipios que albergarán las zonas de concentración son esencialmente petroleros como lo son Tame, Tibú, Puerto Asís, Arauquita, Vistahermosa, Tumaco, La Macarena y Cumaribo (DINERO, 2016). De esta manera, se presume la posibilidad de disputa al interior de los territorios, teniendo en cuenta la explotación de hidrocarburos y la confrontación ideológica históricamente marcada entre las guerrillas y los grupos económicos dedicados a la explotación petrolera como respuesta al modelo extractivista. 

No obstante, el papel de verificación de la Organización de las Naciones Unidas junto con organismos internacionales para el seguimiento de la normalización precisa del cese al fuego, se muestra como una  garantía al cumplimiento de los acuerdos y a la contención de posibles tensiones. 

El rol asumido por la ONU deja entrever el interés internacional por lograr de manera definitiva un cese al conflicto con las FARC- EP, siendo concebido el escenario de pos acuerdo por este y por otros actores como un derroteros para la construcción de alternativas de desarrollo para el país que permitan hacer frente al conflicto social que permanece latente en los rincones del país y que remite en su base a un problema de ordenamiento territorial. 

Dicho conflicto radica en la apropiación y distribución inequitativa de la riqueza y de los satisfactores de las necesidades primarias, en particular el acaparamiento violento y excluyente del suelo y de su propiedad, y el desconocimiento por parte del Estado central de las prácticas, saberes, formas de apropiación del territorio y aspiraciones de las comunidades locales que en su interacción cotidiana lo construyen, en pro del favorecimiento de los procesos de acumulación propios de la dinámica contemporánea de la globalización económica y social (Wallerstein, 2001). 

Lo anterior, que no es más que la tensión entre lo que Fals Borda (2000) denomina las tecnoregiones  y los bioespacios,  se ve reflejado en el distanciamiento existente entre las cartografías del Estado y las apuestas que desde allí se plantean para promover el “desarrollo” y las demandas de la ciudadanía y los proyectos de las autoridades locales y regionales, quienes en últimas han demandado una mayor autonomía política y la profundización de la descentralización. 

Las anteriores consideraciones, indican que en la concreción de las zonas de concentración pueden detonarse procesos de reconfiguración del ordenamiento territorial, en sus diferentes dimensiones, que van más allá de la transformación física de los espacios y la consecuente demanda de instrumentos para garantizar una ocupación ambiental y socialmente sustentable de los territorios mediante. Estas zonas demandan la instalación de infraestructuras físicas y político-institucionales que permitan garantizar respectivamente la habitabilidad sostenible de los territorios rurales (donde precisamente no operan contundentemente los instrumentos de planeación y gestión del ordenamiento actualmente existentes) y  la articulación e integración de las poblaciones que confluyen en los territorios. 

 La forma como se instalen las zonas de concentración abre la posibilidad de tensiones entre las autoridades y poblaciones locales con el gobierno nacional alrededor de su administración y gestión, razón por la cual se requiere espacios de diálogo y concertación entre los diversos actores que permitan estructurar un ordenamiento concertado y participativo para evitar nuevos conflictos. Así mismo factores como la posible prolongación en el tiempo de las zonas de concentración en los municipios enmarcados en el proceso de incorporación de las FARC-EP a la vida civil demandan medidas en materia de provisión de infraestructuras dotacionales en las áreas de vivienda, salud, educación, recreación y desarrollo económico que garanticen calidad de vida y ofertas de empleo para los distintos actores, reteniendo la población en el campo. 

Las zonas de concentración además de ser condición y oportunidad para la reintegración de excombatientes a la vida civil, es una oportunidad para repensar y potenciar el desarrollo de las áreas rurales del país, pues es reconstruyendo estos espacios y atendiendo a sus problemáticas como puede sentarse las bases para erradicar las bases del conflicto social estructural del país, y de paso garantizar su seguridad alimentaria, frenar el crecimiento desbordado de nuestras ciudades y los impactos negativos que se derivan de ello en términos ambientales y sociales. Sin duda hay que volver al campo, fuente y alternativa de solución y construcción frente a los principales desafíos del país. 

Referencias

• DINERO. (11 de Agosto de 2016). El 34% de las zonas de concentración de las Farc son petroleras. DINERO.
• El País. (24 de Junio de 2016). El Cauca espera que zonas de concentración atraigan inversión social y económica. El País.
• Redacción Paz Periodico El Espectador. (24 de Junio de 2016). Así estarán distribuidas las zonas donde se concentrarán las FARC. EL ESPECTADOR.
• Redacción De Paz. Periódico El Espectador. (24 De Junio De 2010). Estas Son Las 23 Zonas De Concentración Donde Estarán Las FARC. Recuperado de: http://Www.Elespectador.Com/Noticias/Infografia/Asi-Estaran-Distribuidas-Zonas-Donde-Se-Concentraran-Fa-Articulo-639694