Pese a la incertidumbre en la que se encuentra la concreción de los Acuerdos de paz con las FARC-EP ante los resultados del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre, sigue siendo indispensable reflexionar sobre las implicaciones territoriales de la suscripción del acuerdo final entre el gobierno nacional y esta organización,  en particular las derivadas del inminente retorno a la vida civil de los excombatientes de este grupo armado. 

 

Durante el mes de septiembre tomaba forma una nueva dinámica de ocupación de los territorios, que sería la prueba de fuego y al mismo tiempo la oportunidad para la consolidación de una verdadera paz estable y duradera desde la escala local. Tal consistía en la conformación de veintitrés zonas de concentración distribuidas en doce de los treinta y dos departamentos que integran la estructura territorial del país, y la instalación de ocho campamentos especiales en siete departamentos más (Redacción Paz periodico el Espectador, 2016). 

La instauración de dichas concentraciones, definida en el marco del proceso de negociación genera afectaciones en distintas esferas del ordenamiento territorial, comprendiendo este último simultáneamente como un proceso social y político, un ámbito e instrumento de intervención del Estado y un campo del conocimiento, orientado a la definición de las formas de uso y ocupación del espacio que garanticen una distribución equilibrada de las actividades humanas, el manejo sostenible de los elementos que integran el entorno natural y ambiental y la concreción de los objetivos de desarrollo económico y social. 

En primer lugar, en su dimensión como  fenómeno social y político, el proceso de desarme y concentración de excombatientes implicaría de una parte la posibilidad de acercamiento e integración con las comunidades, paso fundamental para la reintegración y la reconstrucción del tejido social, al tiempo que demandaría una nueva dinámica de articulación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el manejo de los impactos derivados de la concentración de los excombatientes en términos de uso y manejo del espacio. 

La concentración de población ejercería una mayor presión por la dotación y prestación de servicios públicos y sociales para soportar los requerimientos y necesidades de habitabilidad y vinculación al sector productivo de las nuevas poblaciones asentadas. Lo anterior pone en cuestionamiento la capacidad para hacer frente a estas demandas y la posibilidad de ocurrencia de conflictos entre los habitantes tradicionales de las veredas de llegada y los nuevos asentados por el manejo de los recursos existentes en el territorio.  

Si bien los criterios para la selección de las áreas de ubicación se fundamentaron principalmente en la accesibilidad, para garantizar el ejercicio de la verificación internacional, la disponibilidad actual en la zona de una estructura básica de servicios y la no escogencia de zonas como parques naturales, áreas de infraestructura energética, cultivos ilícitos, explotación minera y presencia de resguardos indígenas; tales elementos no son una garantía para la no configuración de tensiones y conflictos entre actores por el territorio. 

Uno de los puntos a destacar es la indefinición del periodo de vigencia específica de estas áreas. Lo anterior resulta problemático si se tienen en cuenta que la ocupación podría prolongarse y con ello, cabe la posibilidad de un aumento de la presión por los recursos en los territorios de concentración y mayores demandas en materia de habitabilidad. Cabe el interrogante sobre el grado de preparación de los municipios para asumir lo que implica la concentración de 7.000 combatientes en dichas 23 zonas (Redacción Paz periodico el Espectador, 2016). No obstante, es de destacar que, en el marco de los desafíos y las perspectivas desplegadas de los acuerdos suscitados entre el Gobierno colombiano en La Habana, Cuba y las FARC, la adecuación territorial se presenta como una medida transicional a la entrega de las armas y el cese definitivo al fuego en territorios que han sido históricamente golpeados por el conflicto armado.

Por otro lado, se tiene como elemento a  revisar el impacto económico de las zonas de concentración, ya que si bien el desarrollo de ésta iniciativa implica una inversión por parte del Gobierno, desde otra mirada algunas comunidades ven en ésta la posibilidad de inversión social en territorios donde siempre se destinaron recursos para combatir el conflicto armado. Tal y como se contempla en la entrevista rendida por el director de la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Amunorca, Clemente Locumí, es de resaltar:

 

Cuando estábamos en guerra, la excusa del Estado era que no se podía hacer inversión social en nuestros territorios, por eso ahora que desaparece el conflicto, es la oportunidad para construir acueductos, carreteras, escuelas y sistemas de electrificación con esos recursos que se invertían en armas. Y más ahora, porque para garantizar el trabajo con esos colombianos que regresan a la vida civil, hay que tener las vías pavimentadas ya que los grupos de verificación internacional o garantes del proceso se trasladen fácilmente a esas zonas veredales especiales acordadas con la guerrilla (El País, 2016). 

 

En contraste, se presenta una tensión por parte de las compañías petroleras, puesto que los municipios que albergarán las zonas de concentración son esencialmente petroleros como lo son Tame, Tibú, Puerto Asís, Arauquita, Vistahermosa, Tumaco, La Macarena y Cumaribo (DINERO, 2016). De esta manera, se presume la posibilidad de disputa al interior de los territorios, teniendo en cuenta la explotación de hidrocarburos y la confrontación ideológica históricamente marcada entre las guerrillas y los grupos económicos dedicados a la explotación petrolera como respuesta al modelo extractivista. 

No obstante, el papel de verificación de la Organización de las Naciones Unidas junto con organismos internacionales para el seguimiento de la normalización precisa del cese al fuego, se muestra como una  garantía al cumplimiento de los acuerdos y a la contención de posibles tensiones. 

El rol asumido por la ONU deja entrever el interés internacional por lograr de manera definitiva un cese al conflicto con las FARC- EP, siendo concebido el escenario de pos acuerdo por este y por otros actores como un derroteros para la construcción de alternativas de desarrollo para el país que permitan hacer frente al conflicto social que permanece latente en los rincones del país y que remite en su base a un problema de ordenamiento territorial. 

Dicho conflicto radica en la apropiación y distribución inequitativa de la riqueza y de los satisfactores de las necesidades primarias, en particular el acaparamiento violento y excluyente del suelo y de su propiedad, y el desconocimiento por parte del Estado central de las prácticas, saberes, formas de apropiación del territorio y aspiraciones de las comunidades locales que en su interacción cotidiana lo construyen, en pro del favorecimiento de los procesos de acumulación propios de la dinámica contemporánea de la globalización económica y social (Wallerstein, 2001). 

Lo anterior, que no es más que la tensión entre lo que Fals Borda (2000) denomina las tecnoregiones  y los bioespacios,  se ve reflejado en el distanciamiento existente entre las cartografías del Estado y las apuestas que desde allí se plantean para promover el “desarrollo” y las demandas de la ciudadanía y los proyectos de las autoridades locales y regionales, quienes en últimas han demandado una mayor autonomía política y la profundización de la descentralización. 

Las anteriores consideraciones, indican que en la concreción de las zonas de concentración pueden detonarse procesos de reconfiguración del ordenamiento territorial, en sus diferentes dimensiones, que van más allá de la transformación física de los espacios y la consecuente demanda de instrumentos para garantizar una ocupación ambiental y socialmente sustentable de los territorios mediante. Estas zonas demandan la instalación de infraestructuras físicas y político-institucionales que permitan garantizar respectivamente la habitabilidad sostenible de los territorios rurales (donde precisamente no operan contundentemente los instrumentos de planeación y gestión del ordenamiento actualmente existentes) y  la articulación e integración de las poblaciones que confluyen en los territorios. 

 La forma como se instalen las zonas de concentración abre la posibilidad de tensiones entre las autoridades y poblaciones locales con el gobierno nacional alrededor de su administración y gestión, razón por la cual se requiere espacios de diálogo y concertación entre los diversos actores que permitan estructurar un ordenamiento concertado y participativo para evitar nuevos conflictos. Así mismo factores como la posible prolongación en el tiempo de las zonas de concentración en los municipios enmarcados en el proceso de incorporación de las FARC-EP a la vida civil demandan medidas en materia de provisión de infraestructuras dotacionales en las áreas de vivienda, salud, educación, recreación y desarrollo económico que garanticen calidad de vida y ofertas de empleo para los distintos actores, reteniendo la población en el campo. 

Las zonas de concentración además de ser condición y oportunidad para la reintegración de excombatientes a la vida civil, es una oportunidad para repensar y potenciar el desarrollo de las áreas rurales del país, pues es reconstruyendo estos espacios y atendiendo a sus problemáticas como puede sentarse las bases para erradicar las bases del conflicto social estructural del país, y de paso garantizar su seguridad alimentaria, frenar el crecimiento desbordado de nuestras ciudades y los impactos negativos que se derivan de ello en términos ambientales y sociales. Sin duda hay que volver al campo, fuente y alternativa de solución y construcción frente a los principales desafíos del país. 

 

Referencias

• DINERO. (11 de Agosto de 2016). El 34% de las zonas de concentración de las Farc son petroleras. DINERO.
• El País. (24 de Junio de 2016). El Cauca espera que zonas de concentración atraigan inversión social y económica. El País.
• Redacción Paz Periodico El Espectador. (24 de Junio de 2016). Así estarán distribuidas las zonas donde se concentrarán las FARC. EL ESPECTADOR.
• Redacción De Paz. Periódico El Espectador. (24 De Junio De 2010). Estas Son Las 23 Zonas De Concentración Donde Estarán Las FARC. Recuperado de: http://Www.Elespectador.Com/Noticias/Infografia/Asi-Estaran-Distribuidas-Zonas-Donde-Se-Concentraran-Fa-Articulo-639694