2016

 

Pese a la incertidumbre en la que se encuentra la concreción de los Acuerdos de paz con las FARC-EP ante los resultados del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre, sigue siendo indispensable reflexionar sobre las implicaciones territoriales de la suscripción del acuerdo final entre el gobierno nacional y esta organización,  en particular las derivadas del inminente retorno a la vida civil de los excombatientes de este grupo armado. 

 

Durante el mes de septiembre tomaba forma una nueva dinámica de ocupación de los territorios, que sería la prueba de fuego y al mismo tiempo la oportunidad para la consolidación de una verdadera paz estable y duradera desde la escala local. Tal consistía en la conformación de veintitrés zonas de concentración distribuidas en doce de los treinta y dos departamentos que integran la estructura territorial del país, y la instalación de ocho campamentos especiales en siete departamentos más (Redacción Paz periodico el Espectador, 2016). 

La instauración de dichas concentraciones, definida en el marco del proceso de negociación genera afectaciones en distintas esferas del ordenamiento territorial, comprendiendo este último simultáneamente como un proceso social y político, un ámbito e instrumento de intervención del Estado y un campo del conocimiento, orientado a la definición de las formas de uso y ocupación del espacio que garanticen una distribución equilibrada de las actividades humanas, el manejo sostenible de los elementos que integran el entorno natural y ambiental y la concreción de los objetivos de desarrollo económico y social. 

En primer lugar, en su dimensión como  fenómeno social y político, el proceso de desarme y concentración de excombatientes implicaría de una parte la posibilidad de acercamiento e integración con las comunidades, paso fundamental para la reintegración y la reconstrucción del tejido social, al tiempo que demandaría una nueva dinámica de articulación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el manejo de los impactos derivados de la concentración de los excombatientes en términos de uso y manejo del espacio. 

La concentración de población ejercería una mayor presión por la dotación y prestación de servicios públicos y sociales para soportar los requerimientos y necesidades de habitabilidad y vinculación al sector productivo de las nuevas poblaciones asentadas. Lo anterior pone en cuestionamiento la capacidad para hacer frente a estas demandas y la posibilidad de ocurrencia de conflictos entre los habitantes tradicionales de las veredas de llegada y los nuevos asentados por el manejo de los recursos existentes en el territorio.  

Si bien los criterios para la selección de las áreas de ubicación se fundamentaron principalmente en la accesibilidad, para garantizar el ejercicio de la verificación internacional, la disponibilidad actual en la zona de una estructura básica de servicios y la no escogencia de zonas como parques naturales, áreas de infraestructura energética, cultivos ilícitos, explotación minera y presencia de resguardos indígenas; tales elementos no son una garantía para la no configuración de tensiones y conflictos entre actores por el territorio. 

Uno de los puntos a destacar es la indefinición del periodo de vigencia específica de estas áreas. Lo anterior resulta problemático si se tienen en cuenta que la ocupación podría prolongarse y con ello, cabe la posibilidad de un aumento de la presión por los recursos en los territorios de concentración y mayores demandas en materia de habitabilidad. Cabe el interrogante sobre el grado de preparación de los municipios para asumir lo que implica la concentración de 7.000 combatientes en dichas 23 zonas (Redacción Paz periodico el Espectador, 2016). No obstante, es de destacar que, en el marco de los desafíos y las perspectivas desplegadas de los acuerdos suscitados entre el Gobierno colombiano en La Habana, Cuba y las FARC, la adecuación territorial se presenta como una medida transicional a la entrega de las armas y el cese definitivo al fuego en territorios que han sido históricamente golpeados por el conflicto armado.

Por otro lado, se tiene como elemento a  revisar el impacto económico de las zonas de concentración, ya que si bien el desarrollo de ésta iniciativa implica una inversión por parte del Gobierno, desde otra mirada algunas comunidades ven en ésta la posibilidad de inversión social en territorios donde siempre se destinaron recursos para combatir el conflicto armado. Tal y como se contempla en la entrevista rendida por el director de la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Amunorca, Clemente Locumí, es de resaltar:

 

Cuando estábamos en guerra, la excusa del Estado era que no se podía hacer inversión social en nuestros territorios, por eso ahora que desaparece el conflicto, es la oportunidad para construir acueductos, carreteras, escuelas y sistemas de electrificación con esos recursos que se invertían en armas. Y más ahora, porque para garantizar el trabajo con esos colombianos que regresan a la vida civil, hay que tener las vías pavimentadas ya que los grupos de verificación internacional o garantes del proceso se trasladen fácilmente a esas zonas veredales especiales acordadas con la guerrilla (El País, 2016).