Con el desarme de las FARC, Colombia ha volteado a mirar otros temas que también han desangrado durante años a los ciudadanos. La corrupción tiene al sistema de salud en crisis, al aparato judicial entre ojos y a una ciudadanía cansada de que sus impuestos terminen en los bolsillos de políticos ambiciosos. Por eso no sorprendió que en la encuesta Gallup Poll del mes de agosto, las FARC consiguieran una opinión menos desfavorable que los partidos políticos. El 87% de los colombianos entrevistados dijeron tener una mala imagen de los funcionarios, mientras un 84% opinó así sobre los exguerrilleros. Y aunque la mayoría consideró que está mejorando la reintegración de los desmovilizados a la vida civil, la clase política demuestra lo contrario.
El Congreso de la República, que se supone es la representación del pueblo, ha sido escenario en los últimos días de una “guerra” que anticipa un difícil camino para lo que se viene. A inicios de este mes, congresistas del Centro Democrático, seguidores de primera línea del expresidente Álvaro Uribe, mostraron, con gritos, su incomodidad ante la presencia de Jesús Santrich, uno de los líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC y ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “Terrorista”, “asesino”, los insultos estaban llenos de ira. Para algunos con toda la razón. Se oponen a que los exguerrilleros se paseen por el Parlamento sin que hayan reparado a sus víctimas y pagado condenas, para otros la actitud de los congresistas es una muestra de lo lejos que está la clase política de asumir que a su lado, debatiendo, estarán quienes alguna vez intentaron llegar al poder por la vía de las armas. Esta vez, el uribismo prefirió retirarse de la audiencia ante la presencia de Santrich que puede ser uno de los integrantes del partido de las FARC que ocupe alguna curul a partir del 20 de julio del próximo año, como lo plantea el acuerdo de paz.
