(Fuente: El Espectador)
Este año empezó sin tregua para los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país. La Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) registró tras la muerte de Temístocles Machado, en Buenaventura, el pasado 27 de enero. La organización Somos Defensores estima que fueron asesinadas 12 personas; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) contabilizó 18, y, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron 21. Los números no coinciden, pero la realidad es la misma: en Colombia siguen matando a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y poco o nada se sabe de quiénes lo están haciendo y con qué propósitos.
Los hechos preocupan cada vez más a las organizaciones sociales y, con las elecciones de Congreso y presidente a la vuelta de la esquina, serán una prueba —hasta ahora fallida— para medir la capacidad de respuesta del Estado, teniendo en cuenta el riesgo que estos crímenes representan para este sector de la población. El caso del líder social Temístocles Machado se sintió con tal relevancia, que hasta la Fiscalía anunció que les dará prioridad a las investigaciones sobre lo sucedido, a través de un equipo de fiscales especializados. Muy pocas veces la Fiscalía se ha pronunciado de esa forma sobre este tipo de asesinatos.
Asociaciones y corporaciones cuestionan algunas medidas que el ente investigador toma para indagar sobre estos homicidios. Iván Madero, presidente de Credhos, aseguró: “Una de las debilidades que notamos desde la corporación es que, frente a la identificación del agresor, los casos que se presentan en la Fiscalía terminan asumiéndolo como desconocido, porque no se hace relación con los actores armados que están en el territorio. Además, cuando esto ocurre, los casos terminan archivados. Las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva, eficaz. También tiene que haber mucha eficiencia por parte del Ministerio Público para que no se archiven”
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