(Fuente: El Tiempo)
Desde Acandí hasta el Carmen del Darién, en Chocó, la vida de los indígenas y campesinos que reclaman su derecho al territorio colectivo está en vilo. De nada han servido hasta ahora las medidas cautelares dictadas por un Juez de Restitución de Tierras entre 2016 y 2017, para proteger a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas. La realidad es que diversos organismos del Estado no les han dado cumplimiento.
A la conclusión se llega tras el último seguimiento de las medidas dictadas para el Concejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú), el de la cuenca del río Tolo y la zona costera sur (Cocomasur) y el de Pedeguita y Macilla (Cocopema), así como a los resguardos indígenas de Chidima Tolo y Pescaito y Uradá-Jiguamiandó.
Este seguimiento se lleva a cabo a través de una Mesa Multiactor y con el acompañamiento del Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa por la Paz (Cinep), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del bajo Atrato (Ascoba) y otras organizaciones étnico territoriales de la subregión del Bajo Atrato y el Darién Caribe en Chocó.
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