El consejero para el posconlficto, Emilio Archila, destacó que 6,6 millones de habitantes se beneficiarán con estos proyectos.
El alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila anunció que los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, priorizados para la ejecución de 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), ya cuentan con la formulación de los proyectos con los que se implementará el Acuerdo de Paz.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, admite que en el sur del país este proceso está bastante “rezagado” y dice que no entrará en controversias sobre si hubo o no conflicto armado en el país.
El gobierno Duque se ha caracterizado por hacer varios cambios respecto a su antecesor. ¿Cambió la política de restitución?
No, no ha cambiado. Al contrario, diría que estamos confirmando y ratificando el compromiso de este Gobierno con las víctimas para que estos procesos de restitución de tierras se lleven a cabo. Estas son entidades eminentemente técnicas; no tienen un color político.
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El exjefe negociador de las Farc, Luciano Marín, habla desde la clandestinidad sobre el futuro del proceso de paz, su compromiso con la JEP y si es posible que vuelva a rearmarse ante lo que llama “traición al Acuerdo de Paz”.
A la JEP la presionan no solamente el presidente Duque, los elementos más recalcitrantes de su facción política, la Fiscalía que allana su sede y rapta sus papeles de trabajo, sino también la Embajada de los Estados Unidos. Al consejero del posconflicto (Emilio) Archila le recomiendo con respeto ponerles freno a sus deducciones subjetivas en torno al cumplimiento de los acuerdos para que pueda aterrizar en la realidad del proceso de paz de Colombia. El problema es que siguen pensando equivocadamente que la JEP no es para todos los involucrados en el conflicto sino para una sola de las partes y el presidente se da el lujo de decir que les cumplirá a las bases, pero que con los comandantes la cosa será distinta. Eso genera desconfianza porque encierra una gran inseguridad jurídica.
