Humberto de la Calle, el hombre que construyó –con la dirección del expresidente Juan Manuel Santos– el acuerdo de paz con las Farc, que puso fin a 50 años de violencia en el país, advierte, con inocultable preocupación, que no solo los acuerdos firmados, sino la paz misma del país, están en riesgo. De la Calle va más allá: denuncia la existencia de la que llama una “mano negra” para hacer girar al país hacia la derecha, hacia el autoritarismo, y “retrotraer las conquistas de la Constitución del 91”, la que él también contribuyó a construir, como ministro de Gobierno del expresidente Gaviria. De la Calle, quien también fue vicepresidente de la República, no oculta para nada su inquietud y su temor por el futuro del acuerdo de paz.
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La periodista Patricia Lara, autora de tres libros sobre el conflicto colombiano y una de las más reconocidas defensoras del Acuerdo de Paz, considera que las fallas en su implementación se deben a la lentitud del expresidente Juan Manuel Santos en la adaptación de las zonas de reincorporación, al poco interés del gobierno de Iván Duque en el apoyo logístico a los reinsertados y al descuido del Ejército al no hacer presencia en las zonas dejadas por la guerrilla.
Thousands of Colombian militants and soldiers will have their day in court.
A panel of judges ruled on May 29 that a special peace tribunal established in Colombia’s landmark 2016 peace deal with the FARC guerrillas must proceed under the agreed-upon terms. It cannot be altered to narrow its scope or make sentencing harsher, as Colombia’s new president, Ivan Duque, had requested.
Colombia’s transitional justice system, which resembles processes used in nations like South Africa and Guatemala, will judge FARC militants and members of the armed forces for crimes perpetrated during Colombia’s 52-year conflict. But the emphasis is on making amends for harm caused to civilians – not on punishing combat-related offenses, such as a guerrilla killing a soldier in combat.
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