(Fuente: Revista Semana, 2017)
Luis Alfredo Rodríguez Valero[1]
En julio de 2016, a pocos días de finalizar las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno Colombiano y en pleno auge del debate político y la campaña electoral para el plebiscito de aprobación de los acuerdos, la UNODC y el Gobierno Colombiano publicaron los resultados del Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015. Entre los puntos de mayor relevancia se señaló el aumento cultivos de 69 mil hectáreas del año 2014 a 96 mil en 2016 (p. 17), con lo cual se volvió a cifras no conocidas desde el año 2007 y se frenó la tendencia de reducción de los últimos años[2].
Entre las causas que explicarían el aumento se señala: “Los diferentes escenarios de negociación, incluyendo los acuerdos de la Habana, la Cumbre Agraria y negociaciones directas entre cultivadores de coca y gobiernos locales; están generando incentivos… Estos incentivos pueden estar presionando un incremento del área sembrada con coca, en particular cuando la negociación se hace por familias y no por territorios” (UNODC 2016 p. 19 subrayado propio). Estas conclusiones han sido compartidas por varios expertos en el tema (ej. Garzón y Wilches 2017), señalando en sus recomendaciones no dejar de lado características centrales del modelo anterior (¿actual?[3]), como por ejemplo el factor de territorialidad.
A pesar de lo valioso de este tipo de observaciones, descrita en los informes, breves columnas de análisis, y artículos de opinión y prensa, se aprecia un vacío en cuanto a la revisión de literatura especializada y los elementos teóricos que expliquen los factores que inciden en el fenómeno y su presencia o no en el modelo del acuerdo.
Por ejemplo ante la pregunta ¿La paz será una causa suficiente para disminuir los cultivos? Para algunos autores concluir conflictos es un paso necesario para la política pública, tanto en programas de erradicación forzada como a través de desarrollo alternativo. De esta forma, en principio, lo acordado en Colombia significaría un avance importante para lograr los objetivos. No obstante, para estos mismos autores, es necesario un buen modelo y los secuencias adecuadas para cumplir los objetivos (Felbab-Brown 2017, p. 45). Por buen modelo se entiende tener en cuenta todos los factores involucrados en el fenómeno[4], y por la secuencia adecuada, Listerman (2014) describe a través de la metodología comparada y de process-tracing la experiencia exitosa de Tailandia, caracterizada por evitar reprimir a los campesinos, hacer cumplir la ley contra los grupos insurgentes, generar programas sociales para esta población e impulsar un rápido cambio y crecimiento económico.
Otra aseveración que ha hecho carrera en el debate y en los acuerdos es que el gasto e inversión social es un factor primordial para la política pública, para Dávalos (2016) en su estudio del caso Colombiano esto no es así, concluyendo que el gasto social es una estrategia complementaria pero no sustituta, requiriéndose siempre las tácticas coercitivas (p. 128). También desde un enfoque cuantitativo, pero experimental del caso Colombiano, Ibañez y Martinsson (2013) invitan a un clasificación de las diversos actores, pues la política de garrote y zanahoria afecta una pequeña parte de los cultivadores (25%), pues algunos no necesitan los incentivos para abandonar los cultivos por su postura ética y moral (33%) y otros requerirían incentivos muy costosos para sustituir los cultivos (40%)[5].
Aunque sería necesario una revisión detallada de cada uno de los factores, parece claro, a la luz de la revisión de la literatura y de las cifras actuales, que el diseño del modelo de política pública del acuerdo y sus premisas está basado más en ideas maniqueas que en la realidad del fenómeno. Por esta razón, la invitación es a revisar el modelo anterior en el cual se observaba un reconocimiento de la teoría y la realidad, en especial ideas de avanzada como el factor de territorialidad, inspirados en conceptos como la vigilancia de Ostrom (2015), un referente teórico para cualquier política pública.
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Notas al pie de página:
[1] Profesor de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Cursos impartidos: Diseños Investigativos; Sistemas Electorales, partidos y movimientos políticos; Gestión, Democracia y Desarrollo. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
[2] Uribe, S. (2017) invita a revisar los datos y las cifras. Posiblemente el autor considere que existe una infravaloración en las cifras.
[3] Aunque formalmente los CONPES 3218 de 2003 Programa de Desarrollo Alternativo y CONPES 3669 de 2010 continúan vigentes, varios aspectos de los acuerdos de paz los hacen inviables.
[4] Desde brindar condiciones sociales para el buen vivir, seguridad, Estado de derecho, asegurar derechos de propiedad, consideraciones morales y manejo estructural de la economía.
Por manejo estructural de la economía se entiende la generación de oportunidades de empleo, construcción de infraestructura, distribución de nueva tecnología, ayuda de mercadeo y desarrollo de cadenas de valor agregado, facilitación de microcrédito, establecer el acceso a tierra y generar ingreso por fuera de las granjas (Felbab-Brown 2017, p. 45).
[5] El 3% restante cultivaría independiente de las condiciones e incentivos.
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Bibliografía:
Davalos, E. (2016) New answers to an old problema: social investment and coca crops in Colombia. En International Journal of Drug Policy. Número 31, páginas 121-130.
Departamento Nacional de Planeación. (2003) Documento CONPES 3218 Programa de Desarrollo Alternativo. Bogotá: DNP.
Departamento Nacional de Planeación. (2010) Documento CONPES 3669 Política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo para la consolidación territorial. Bogotá: DNP.
Felbab-Brown, V. (2014) Improving Supply-Side Policies: Smarter Eradication, Interdiction and Alternative Livelihoods – and the Possibility of Licensing. En Ending the Drug Wars Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy (pp. 41-48). Londres: London Economics School.
Garzón, J. C. y Wilches, J. (06 de febrero de 2017) Dudas y retos de la sustitución de cultivos ilícitos después del Acuerdo. En Razón Pública, En línea: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10016-dudas-y-retos-de-la-sustituci%C3%B3n-de-cultivos-despu%C3%A9s-del-acuerdo.html
Ibañez, M., y Martinsson, P. (2013) Curbing coca cultivation in Colombia – A framed field experiment. En Journal of Public Economics. Número 105, páginas 1-10.
Listerman, J. (2014) Factors that most influence success or failure in illicit crop reduction and drug supply control. Tesis de grado para obtar al título de Master of Arts del programa de Global and International Studies. EEUU: Universidad de Kansas. En línea: https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18094/Listerman_ku_0099M_13800_DATA_1.pdf?sequence=1
Ostrom, E. (2015) Comprender la diversidad institucional. México DF: Fondo de Cultura Económica.
UNODC/SIMCI y Gobierno de Colombia (2011) Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2010. Bogotá: UNODC Colombia.
UNODC/SIMCI y Gobierno de Colombia (2015) Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Bogotá: UNODC Colombia.
Uribe, S. (27 de febrero de 2017) Sustitución de los cultivos de coca ¿realidad o populismo? En Razón Pública, En línea: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10056-sustituci%C3%B3n-de-los-cultivos-de-coca-realidad-o-populismo.html