(Diccionario francés, 2016)
Daniel Arturo Palma Álvarez
Durante los últimos cuatro siglos, los seres humanos hemos sido testigos del surgimiento y posicionamiento de dos estructuras de organización, una política y otra económica, que se han arrogado el papel de gobernar y repartir las riquezas colectivas, a cambio del control sobre las acciones de los ciudadanos. Estas instituciones son el Estado y el mercado. No obstante, en recientes décadas se ha visto una erosión en su legitimidad, como consecuencia de las limitaciones para desempeñar sus tareas a cabalidad. Esto, a su vez, ha dado lugar a iniciativas de empoderamiento civil y autogestión al interior de la sociedad.
En primer lugar, el Estado moderno empezó a gestarse desde el siglo XVI con la elaboración de códigos jurídicos y como negación a la fragmentación del poder que preponderó durante la Edad Media (Anderson, 2002, págs. 9, 35). De allí en adelante, evolucionó hacia el Estado Liberal, que otorgó derechos individuales y, posteriormente, finalizando el siglo XIX y entrado el XX, se transformó en el Estado de bienestar y luego, en el Estado social de derecho[1], ambos haciendo énfasis en la dimensión colectiva de la sociedad.
Esta expansión estatal, que lo llevó de ofrecer unos servicios puntuales (brindar seguridad, dirimir conflictos y gobernar) a ser el canal que buscaba responder las demandas de la sociedad, en términos de derechos sociales y colectivos (sistemas de salud, educación, pensión, etc.); trajo consigo varias dificultades en su accionar, siendo la hiperburocratización uno de los problemas estructurales. En este sentido, el Estado se vio desbordado en sus funciones y encontró casi imposible solucionar todos los desafíos sociales que se le presentaron. Adicionalmente, en su interior se gestó una práctica política negativa que aún hoy no tiene una solución integral: la corrupción.
En consecuencia, en la actualidad, los recursos públicos que deberían destinarse a las distintas obligaciones estatales, entre ellas la inversión social, terminan fugándose al mantenimiento de la burocracia o perdidos en múltiples escándalos de corrupción. Al respecto, Colombia es un claro ejemplo de esto. Por un parte, en el año 2016, la senadora María del Rosario Guerra reveló que entre 2010 y 2015, aumentaron en 18.273 los cargos públicos, lo que le costaría al Estado alrededor de 3.5 billones de pesos más cada año (WRadio, 2016). Por otra parte, el Contralor General de la República, Edgardo Maya, señaló recientemente que la corrupción en el país puede alcanzar los 50 billones de pesos anuales, lo que podría significar el pago de dos años de mesadas pensionales (Chagüendo, 2017).
En segundo lugar, al mismo tiempo que el Estado muestra señales de debilitamiento, el mercado no está cumpliendo con el papel que los liberales clásicos y los neoliberales le han otorgado: la repartición equitativa de las riquezas de la sociedad sin interferencia política. En otras palabras, la “mano invisible” ideada por Adam Smith unos siglos atrás, no funciona más que en la teoría. En ello se basa la necesidad de intervención por parte del Estado. Sin embargo, así como el mercado tiene fallos, tal como se vio, el Estado también tiene sus problemas, los cuales se hacen más evidentes al momento de ser un actor activo en la economía (Bañón y Carrillo, 1997, pág. 54).
Dado este panorama mundial en el que la burocracia, las prácticas poco sanas que se dan en su interior y el mercado se han convertido en un obstáculo, y en el que los grupos sociales no ven resueltas sus demandas; ha surgido un sentimiento de descontento por parte de la ciudadanía y, por ende, una erosión en la legitimidad del actuar institucional.
Así, los últimos años han sido testigo del florecimiento de iniciativas comunitarias locales de autogestión, de los asuntos o problemas que atañen a una colectividad específica, sin necesidad de recurrir al Estado o al mercado. Un ejemplo de esto es la agricultura urbana, como forma de hacer frente al aumento de los precios de los alimentos en el mercado y la malnutrición de la población en algunos casos, sobre todo de la infancia. Así mismo, han aparecido redes de cooperación y solidaridad alrededor del mundo, tal como el movimiento Okupa en España, que busca “[…] difundir la okupación como herramienta revolucionaria, que permita a las personas proporcionarse, por sus propios medios, un lugar digno donde vivir y desarrollar proyectos que partan de la autogestión, encaminados hacia la construcción de una sociedad más horizontal” (Okupatutambién, 2014, pág. 11).
En este punto surge un interrogante importante: ¿qué se entiende por autogestión? Pregunta que no puede ir desligada del concepto de empoderamiento civil. Frente a esto, podrían darse múltiples definiciones y citar diversos autores, entre ellos Michel Foucault y su poder relacional, en contraposición a las acepciones que hacen énfasis en las leyes o en la coerción. Sin embargo, el empoderamiento civil puede también comprenderse como plantea Carlos Taibo (2015), de manera más concreta, como el poder colectivo para realizar acciones en conjunto, que surge de la necesidad que se tiene de “[…] dialogar con todo el mundo. Y ello debe ser así por una razón muy prosaica: no estamos por encima de nadie y no hay nadie por encima de nosotros de quien no tengamos algo que aprender […] Desde mi punto de vista tenemos que pactar […]” (Taibo, 2015, pág. 60). En otras palabras, el empoderamiento y el subsecuente poder que de allí surge, tienen lugar gracias a la capacidad del ser humano de dialogar y llegar a consensos.
Desde este punto de vista, la autogestión es la materialización del poder colectivo, en proyectos que beneficien a toda una comunidad o grupo de personas, en los cuales cada quién es responsable del bienestar de sus semejantes y debe obrar guiado por la solidaridad, en busca de una sociedad más equitativa y horizontal (como lo plantean los Okupa). Dicho en otros términos, la autogestión devuelve al ser su autonomía y capacidad de decisión, sin necesidad de recurrir a las instituciones, para la toma de decisiones colectivas. Se trata pues de “[…] una forma de intervenir en la realidad que implica que retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de decisión y control sobre lo que hacemos, de tal manera que no precisamos de instancias intermedias que piensen por nosotros y nos digan lo que corresponde asumir como propio en cada circunstancia” (Taibo, 2015, pág. 26).
En conclusión, ante el panorama actual de hiperburocratización, desbordamiento del Estado y las fallas del mercado; hay que rescatar la colectivización y la participación activa de la ciudadanía, en aras de tomar en nuestras manos la resolución de las problemáticas que no se ven resueltas a través de la institucionalidad. No se trata de actuar de forma ilícita, ni fuera de las normas. Por el contrario, lo que implica es dar la cara a la responsabilidad que se tiene al formar parte de una comunidad política.
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Notas al pie de página
[1] Lo que no quiere decir que sean modelos excluyentes. En la práctica, los tres se encuentran íntimamente ligados y se presenta una hibridación de los mismos.
Referencias
Anderson, Perry. (2002). El Estado absolutista. Siglo Veintiuno Editores, México.
Bañón, R. y Carrillo, E. (1997). “La legitimidad de la administración pública”. En La nueva administración pública. Alianza Editorial, Madrid.
Chagüendo, F. (2017). “Cada año, la corrupción le roba $50 billones a los colombianos”. Disponible en: http://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html Consultado el 23 de marzo de 2017.
Okupatutambién. (2014). Manual del Okupa. Segunda edición. Madrid. Disponible en: http://www.okupatutambien.net/wp-content/uploads/2014/05/M2.pdf. Consultado el 23 de marzo de 2017.
Taibo, C. (2015). ¿Tomar el poder o construir la sociedad desde abajo? Un manual para asaltar los infiernos. Editorial Los libros de la Catarata, Madrid.
WRadio. (2016). “María del Rosario Guerra denuncia aumento de burocracia en el gobierno”. Dsiponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/maria-del-rosario-guerra-denuncia-aumento-de-burocracia-en-el-gobierno/20160426/nota/3117583.aspx. Consultado el 24 de marzo de 2017.