*Miguel Ángel García Peláez
El acuerdo de paz firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016, materializa uno de los puntos más importantes y discutidos en la mesa de conversaciones, que es el referente al sector rural, donde se tienen en cuenta aspectos pertinentes a la organización de la posesión de la tierra en el país. Para esto se pretende formular un Plan de Desarrollo Rural a 10 años, en donde se deben tener en cuenta asuntos primordiales como el acceso a terrenos que son de propiedad de la Nación por razones judiciales, de donaciones, además de las tierras que están inexploradas y las que son consideradas como baldíos.
A partir de lo anterior, uno de los impactos más grandes que se pueden generar están en el campo económico, en donde los efectos se podrán evidenciar tanto en el corto como en el largo plazo, ya que los retos que se proponen con los problemas de la tierra van más allá de la provisión a un campesino de una porción de terreno, esto requiere una inversión en dinero que vaya focalizada de manera integral, con el fin de que se cumpla el objetivo de los planes para hacer la Reforma Rural Integral (RRI), el cual dice que “es por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad” (Mesa de Conversaciones, 2016 p. 19).
Si se defiende la idea de que el la RRI puede ser un tema favorable para la solución del conflicto, es pertinente justificarlo de la manera que lo hace Cárdenas (2013), quien afirma que “el crecimiento económico de Colombia es entre uno y dos puntos porcentuales menor por año a causa del conflicto” (p. 131) debido a que factores como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y este implica además de una inversión en temas de seguridad, una demanda de mano de obra que no ha de generar un valor agregado en la actividad laboral que ejerce; en cambio, si resulta positiva la RRI, el campo colombiano puede ser un sector de desarrollo agroindustrial, que además de generar crecimiento económico (PIB), cumpla con el objetivo que se mencionó anteriormente.
Adicionalmente, es importante recordar que el conflicto armado con las FARC ha durado más de cincuenta años, y ha generado impactos sociales de gran magnitud; por ejemplo hay una serie de costos sociales y de índole humana que han disminuido la capacidad productiva del país, por ello Ibañez y Jaramillo (2006) mencionan una serie de consecuencias que ha traido el problema del conflicto armado tales como desplazamiento forzado, falta de salud y alimentación, al igual que la incapacidad del Estado de proveer servicios públicos y la destrucción tanto de capital fisico como la de capital humano, sobre este ultimo, las personas con capacidad de trabajar estan expuestas a los ataques por parte de los actores armados y ello puede causar incapacidad o la muerte.
Las razones por las cuales se defiende el acuerdo en materia de tierras pueden ser muy razonables desde lo económico por lo comentado anteriormente, sin embargo el reto más grande responde a saber de dónde realmente va a salir el dinero para financiar, en este caso la RRI a 10 años porque el Estado colombiano no tiene la liquidez sufiente para cumplir las obligaciones expuestas en el acuerdo de paz firmado.
Por ejemplo, Villar (2015) y Olano (2016) plantean la dificultad que es financiar todo lo referente a lo rural acordado en La Habana, presupuestan que este punto tiene un costo aproximado de 80 billones de pesos, equivalente 1% del PIB anual en los proximos 10 años, se reconoce que el presupuesto no es suficiente, lo cual requerirá apoyo adicional como de cooperación internacional y del sector privado.
También es pertinente mencionar que se puede observar un escenario dificil en materia fiscal, donde los ingresos generados por el petroleo han disminuido, y en general hay una desaceleración economica trayendo como consecuencia, la necesidad de que haya una reforma tributaria
Finalmente, se puede decir que la RRI es un plan ambicioso el cual requiere adicional a la voluntad política o la firma de un acuerdo, una gran cantidad de dinero que en este momento es dificil de conseguir, por ello será muy probable que más allá del apoyo de actores externos al Gobierno, este tenga que acudir a medidas dificiles y controversiales como el incremento de impuestos, el recorte de gasto y el endeudamiento público tanto interno como exrterno. Por último, queda pendiente saber más de los recursos económicos de las FARC, ya que las autoridades han hablado de estos, pero de lo que poco se profundiza.
* Estudiante de noveno semestre de Economía y de cuarto semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, practicante en el Observatorio de Seguridad y Política pública para el Postconflicto - Universidad Santo Tomás.
Bibliografía
Cárdenas, M. (2013). Introducción a la Economía Colombiana (Tercera ed.). Bogotá: Alfaomega.
Ibañez, A. M., & Jaramillo, C. (2006). Oportunidades de desarrollo económico en el postconflicto: propuesta de política. Fedesarrollo, 93-127.
Mesa de Conversaciones. (24 de Agosto de 2016). ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de Mesa de Conversaciones: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
Olano, H. (24 de Agosto de 2016). El enigma del campo colombiano. El Tiempo. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/retos-del-posconflicto-en-el-campo/16682380
Villar, L. (25 de Marzo de 2015). La economía colombiana ante el postconflicto en un contexto de bajos precios del petróleo. Conversatorio sobre costos del post-conflicto. Bogotá, Colombia: Fedesarrollo. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/25_03_15-PPT-CONALPE_Un-Rosario-Postconflicto.pdf