Andrea Carolina Perilla Camargo[1]
“Hoy se cumplen 31 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Los hechos dejaron cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos.” (Caracol Radio, 2016).
6 y 7 de Noviembre de 1985 para Colombia una fecha de nunca olvidar, ha pasado a la historia como la fecha en que se realizó la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, los sucesos de esas 28 horas nunca se han esclarecido y al parecer nunca se conocerá a ciencia cierta qué sucedió, por qué sucedió, quién lo hizo; luego de 31 años continúan las incógnitas frente a este evento.
Muchas teorías rodean este acontecimiento, que sin duda golpeó contundentemente a todos los sectores de la sociedad colombiana. La incertidumbre que rodea lo sucedido durante estos dos días es lo que más inquietudes generan en los ciudadanos, en las familias de las víctimas, que luego de tanto tiempo no saben qué pasó o en donde están los restos de sus familiares.
Este hecho trasciende no solamente por haber sido un ataque a la sede de justicia del país, sino porque se atacó a la institucionalidad misma, el gobierno no supo responder en ese momento de la forma más adecuada a la situación, ni ahora ha logrado responder; y esto genera que se pierda cada vez más la confianza en la estructura del Estado, en las instituciones mismas.
¿Cómo confiar en un Estado que luego de 30 años no ha logrado esclarecer los hechos de un acontecimiento de esta magnitud? Evidentemente no es algo sencillo. En el momento en que el Estado colombiano sea capaz de responder eficientemente a las solicitudes de los ciudadanos, no solo relacionadas con este hecho, sino a las demandas de la población, podrá reconocerse como un Estado Social de Derecho real.
El Estado colombiano debería tener la capacidad de responder a estar inquietudes porque el ejército tomó parte en estos hechos, existen incluso acusaciones de exceso de fuerza por parte de este. A partir de estos acontecimientos se abre un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso 10.738 con el que:
“Se conforma la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia; 5 años más tarde se presenta el Informe Final de la Comisión; en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por los desaparecidos y torturados.” (Rojas, 2015)
Trasladar este tipo de casos a un escenario internacional puede interpretarse de diferentes maneras; por un lado, teniendo en cuenta que las fuerzas militares del Estado participaron en la denominada retoma del Palacio de Justicia, se le da un carácter de imparcialidad a los resultados del proceso y por lo tanto legitimidad.
Por otro lado, no tan positivo, puede interpretarse como la incapacidad del Estado para poder ponerse al frente de este tipo de crisis y mantener la cotidianidad de sus funciones; lo que a su vez genera una percepción negativa de hacia toda la ciudadanía, no solamente a los directamente afectados por los acontecimientos.
El Estado y sus fuerzas deben velar en su deber ser por la protección de los ciudadanos sin importar su condición, y así garantizar un entorno seguro para todos los habitantes del país (Ejército Nacional, s.f.). Por lo tanto, las acciones de estos días fueron contrarias a lo establecido y se convierte en un agravante de las decisiones que tomaron los líderes del Ejército para enfrentar la situación.
Éste es un acontecimiento trascendental porque se evidencia la relevancia que continúa teniendo a este tema luego de tanto tiempo, resultado tanto de la incertidumbre como del transfondo que tiene este hecho; es decir que, a raíz de este evento se han desarrollado diferentes inquietudes con relación al cumplimiento de las labores del Estado.
La toma y retoma al Palacio de Justicia es una de las tantas consecuencias del conflicto interno colombiano, que no sólo marca un hito en la historia, sino que constata las debilidades estructurales con las que cuenta el Estado, porque luego de 31 años no se ha logrado esclarecer este hecho en el que se hace responsable al gobierno y que perjudica la percepción de los ciudadanos a medida que va a avanzado el tiempo.
Mientras no se logre conocer con certeza lo que sucedió durante esas 28 horas y el Estado permita que los años continúen pasando, de conmemoración en conmemoración, los ciudadanos continuarán dudando de la capacidad del gobierno para resolver otro tipo de hechos, teniendo en cuenta además, los procesos que se adelantan con las Farc y ELN; en los que la incertidumbre, el desconocimiento, permiten construir conceptos de la capacidad institucional del Estado.
Finalmente, es importante agregar que no se pretende demostrar que el Estado colombiano incumpla completamente con sus funciones, se han realizado algunas investigaciones y avances al respecto, sin embargo, teniendo en cuenta que ha sido un procesos de más de tres décadas, no se han logrado resultados contundentes, no ha sido suficiente el esfuerzo y la voluntad para esclarecer lo sucedido y por consiguiente mejorar la percepción del constituyente primario hacia la estructura institucional.
[1] Estudiante de Octavo Semestre y pasante del Observatorio de Seguridad y Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales – Universidad Santo Tomás.
Referencias
BARREAT, Y. (2007). Indigencia: Un Síndrome Biopsicosocial. Obtenido de Saber: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/14897/1/capitulo16.pdf
Caracol Radio. (06 de 11 de 2016). Hoy se cumplen 31 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Obtenido de http://caracol.com.co/radio/2016/11/06/judicial/1478448703_667308.html
Ejército Nacional. (s.f.). Ejército Nacional de Colombia. Recuperado el 06 de 11 de 2016, de Misión: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=362169
Rojas, L. (2015). Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado el 06 de 11 de 2016, de 30 años del Palacio: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/palacio-de-justicia