Por: Dulfary Calderón Sánchez[1]

            Con las negociaciones que se llevan en La Habana entre el Estado colombiano y las FARC, quizás uno de los puntos más claves y a la vez álgidos corresponde a la desmovilización de los menores de edad que se encuentran en las filas de las FARC.

 

            En el documento leído en La Habana en mayo del presenta año, hace referencia que habrá una “priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad” (El Tiempo, 2016).

Sin embargo, aunque exista un protocolo para la reintegración de los menores con los debidos procesos de verificación de organismos internacionales como la Unicef y la OIM, aún quedan dudas sobre el impacto a largo plazo que tiene estos niños soldados en la sociedad civil.

La desarticulación de los menores excombatientes se debe configurar como una herramienta articuladora y sinérgica por parte de las instituciones del Estado, que permita distinguir los grupos de personas que están inmersas en el contexto de una persona desmovilizada y que atañe a las personas no combatientes, la familia, hombres, mujeres, heridos y las personas discapacitadas  (Fisas, 2011).

De esta manera, Colombia debe tener en cuenta las lecciones que aportan otros procesos generados en el contexto internacional que le permita conocer cuál ha sido el impacto de los menores de edad que estuvieron inmersos en la guerra, se conocen estudios donde hacen referencia a que algunos niños excombatientes del Salvador ahora pertenecen a las Maras Salvatruchas ( MS13).

En efecto para la UNICEF un “niño y niña soldado” como todo menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular o grupo armado en cualquier capacidad, como por ejemplo, aunque no solamente: cocineros, porteadores, mensajeros, y cualquiera que acompaña a estos grupos que no sean miembros de la familia. Incluye niñas y niños reclutados para practicar actividades sexuales y/o contraer matrimonio obligatorio. (Basado en los “Principios de Ciudad del Cabo”, 1997).

En tanto para hablar del problema “menor” del Estado colombiano frente a un escenario de posconflicto, es necesario preguntarse ¿cuál va ser el enfoque diferencial que se estipula en el protocolo? ¿Cuál es la capacidad institucional a largo plazo para asumir los desafíos en la consolidación de paz?.

De ahí que es necesario analizar la aplicación de un enfoque diferencial, es el caso de los grupos etarios donde cada uno de las etapas corresponde a dinámicas permeadas por las experiencias vividas y lo cual requiere una atención especial para su reintegración a la sociedad. Otro de los caso que el Estado debe tener considerado son los menores que pertenecen a grupos étnicos ya que su inserción en las comunidades indígenas requiere unas condiciones especiales dado a los factores culturales que enmarca su entorno sociológico, así mismo se debe analizar los procesos de reinserción de los niños y niñas que tienen una diversidad de género o quienes tienen un tipo de discapacidad producto de su estadía en estos grupos armados ilegales.

En este contexto es importante mencionar que no todos los menores tienen las mismas condiciones iniciales antes de ser parte de estos grupos armados y no todos vivieron la misma infancia así hayan compartido el mismo espacio. Lo anterior pone en riesgo la estabilidad ya que los jóvenes desatendidos pueden convertirse en personas más radicales y perjudiciales, ya que son fácilmente influenciables y manipulables (Specht, 2006).

De ello resulta necesario admitir que los retos del problema “menor” en un escenario de posconflicto en Colombia deben ejecutarse con acciones pertinentes y con la capacidad de respuesta institucional para ejecutar acciones frente a los niños excombatientes. Para ello el Gobierno debe ser responsable de establecer acciones integrales que permitan fortalecer su inclusión social bajo un enfoque diferencial a corto mediano y lo más importante a largo plazo. No se trata solo de un acompañamiento temporal, sino de un proceso que requiere políticas públicas integrales y articuladas para generar un compromiso institucional por lograr consolidar una construcción de paz acorde a las dinámicas cambiantes del país, en donde estos niños desafortunadamente traen una infancia violenta y coercitiva.

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[1] Profesor titular de la asignatura de Gobernabilidad y políticas públicas, Líder línea de investigación y codirectora del Observatorio de Seguridad y Políticas Públicas para el posconflicto de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Politóloga de la Universidad Nacional, Magister en Gestión y política pública de la Universidad de Chile. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

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Referencias Bibliográficas

El Tiempo. (2016). Con salida de niños de las Farc, comienza el fin de la guerra. Obtenido de http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-se-compromete-a-sacar-a-menores-de-15-anos-de-sus-filas/16593681

Fisas, V. (2011). Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. Quaderns de construcció de Pau, 1- 22.

Specht, I. (2006). Juventud y reinserción. Bogotá: Serie Working papers FIP No. 1. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

UNICEF. (s.f.). Hoja de datos: niñas y niños soldados. Basado en los “Principios de Ciudad del Cabo”, 1997. En http://www.unicef.org/spanish/media/files/NINAS_Y_NINOS_SOLDADOS.pdf