Que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en un “tribunal de impunidad”, al otorgarle a “Jesús Santrich” la garantía de no extradición, y que Colombia está sumido hoy en una profunda degradación moral y una crisis de justicia que obliga a tomar medidas radicales, es el argumento que expresan algunos sectores del uribismo para justificar la propuesta de una asamblea constituyente. Un tema recurrente en los últimos años en el país, cada que fracasa en el Congreso algún proyecto de reformar la Rama Judicial. Solo que esta vez de lo que se trata es de cambiar el sistema de justicia transicional creado al amparo de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.
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